¿Es acoso el debate encendido sobre los gastos frívolos de 38 mil dólares realizados por la Primera Dama?, ¿de qué se trata el acoso político?, ¿en realidad existe o es una exageración feminista?, ¿hay mujeres dedicadas a la política que se han sentido acosadas en el Perú? 

En principio, a la primera pregunta, debo contestar honestamente que no se trata de un acoso político a una líder nacionalista puesto que, al parecer, los indicios indican que se trataría de un dinero gastado de manera confusa y las explicaciones que ha dado Nadine Heredia no resuelven la duda que tormentosa crece. Pero es cierto que hay un bulling excesivo por este tema, sobre todo, en las redes sociales, lugar del guillotinamiento público y sádico. Sin embargo, el caso de Nadine no se tipificaría como acoso. El acoso político estaría dirigido a que las mujeres no ejerzan su libertad política como funcionarias públicas o representantes de instituciones o que se sientan intimidadas por agresiones físicas, psicológicas y morales, contra sus pretensiones de acceder a un puesto público, en el caso de las candidatas.

Como sostiene Diana Miloslavich: “El sistema machista y patriarcal sigue encontrando formas para disminuir la voluntad política de las mujeres de participar en la toma de decisiones en nuestro país. Cientos de mujeres desisten de participar en cada nueva elección –situación poco visibilizada– como consecuencia de un conjunto de actos dirigidos contra ellas para coartar su derecho a la participación política y al ejercicio de la función pública”.

El típico caso de acoso político sí lo ha sufrido Susana Villarán, no solo por medios como Correo o Expreso que le dedicaron múltiples titulares difamatorios, sino también por toda una campaña de desprestigio que se convirtió antes de la revocatoria en un bulling insoportable, tanto así que consiguió el efecto contrario: una solidaridad con la ex alcaldesa que le permitió ganar la revocatoria. No se trata de que sea “intocable ante las críticas” sino que muchas de ellas no se dirigían a su accionar sino a su ser.

Hoy en día, la única mujer gobernadora de todo el Perú, Yamila Osorio, ha sufrido de acoso político ante la situación del conflicto de Tía María y tanto “espartanos” como troyanos la han atacado aduciendo que por su juventud y su inexperiencia ha tomado decisiones erradas cuando, en realidad, la propuesta de diálogo la viene liderando ella y su equipo del Gobierno Regional, con errores y todo, pero con una verdadera voluntad de solución a la crisis.

Un estudio de Tamy Quintanilla revela que las mujeres que entran al duro mundo de la política peruana son susceptibles de ser acosadas en un 25%. Quintanilla recoge una muestra de la experiencia de autoridades regionales, locales y provinciales. Dos de cada cinco autoridades mujeres electas han sufrido hostigamiento político. Este estudio puso en evidencia que los agresores son presidentes regionales (71%) y alcaldes (48% ), consejeros regionales o regidores, personal del gobierno regional o la municipalidad (14%). En cuanto a la forma de acoso según el tipo de acto tenemos lo siguiente: maltrato físico (5%), maltrato psicológico (57%); hostigamiento sexual (10%); difamación de índole sexual (14%); difamación de índole patrimonial (24%); difamación de índole intelectual (19%); coacción con mecanismos administrativos (48%); control económico (14%); y amenaza con recurso legal interpuesto (10%).

Este jueves el pleno del congreso tiene la posibilidad de reivindicarse y votar a favor de una ley que penalice el acoso político y permita frenar uno de los mecanismos machistas que inhiben a más mujeres de participar en la vida política activa de nuestro país.

Yo misma he sido objeto de todo tipo de maltrato verbal, psicológico y de amenazas de muerte a través de las redes sociales, motivo por el cual no les doy crédito, sino como aguijones para evitar que siga haciendo mi trabajo. Y es cierto que, por momentos, una se inquieta y se desmoraliza. Pero, precisamente, en la medida que los denunciamos también los anulamos, no para convertirnos en víctimas sino para ejercer ese derecho que tanto reclamamos: la ciudadanía plena.

Esta kolumna fue publicada el martes 9 de junio en La República.