Solo en la zona de la vertiente del Pacífico de Áncash (Chimbote, Casma, Santa, Pallasca, Huarmey) las estadísticas señalan que en el 2011 el sicariato dejó 48 víctimas, en 2012 dejó 45; en el año 2013 fueron 94 las víctimas y en lo que va del año 2014 se han registrado 19 asesinatos. Estamos siendo testigos mudos de una situación que viene en espiral desde el gobierno de Alan García Pérez y que, lamentablemente, contó con su indiferencia e inoperatividad. La muerte anunciada de Ezequiel Nolasco venía precedida de todo un caudal de sangre. Ollanta Humala ha declarado el domingo en LR que “no vamos a dejar que los crímenes de Áncash queden impunes porque afectan nuestra condición de ciudadanos, nuestra credibilidad como políticos…”. Para que no afecten, estas palabras deben concretarse en acciones.

Sabemos que el 7 de abril se ha convocado a una asamblea pública con el propio Ministro del Interior, Walter Albán y el Presidente de la Corte Suprema, y que la REMA (Sociedad Civil por la Reivindicación Moral de Áncash) viene planteando una serie de actividades, entre movilizaciones y pronunciamientos, cartas y emplazamientos, para que las propios ciudadanos tomen el tema con coraje e indignación como ya lo vienen haciendo algunos.

No es fácil: hay una lista de fiscales amenazados no solo en Chimbote sino en Casma, en Huarmey, en Barranca (sí, el monstruo se acerca a Lima) y hace un año, abril del 2012, fue asesinado el fiscal Luis Sánchez Colona. Las fiscales Yeni Vilcatoma y Nancy Moreno Rivera sufren constantemente de amenazas y reglajes (no olvidemos que Moreno fue “defenestrada” pero, gracias al apoyo de la población, actualmente es Presidente de la Junta de Fiscales). Hoy, además, la procuraduría anticorrupción y la contraloría han decidido tomar al toro por las astas. Así que esperamos se inicie no solo la investigación de la comisión del Congreso, presidida por Mesías Guevara, sino también una investigación contable y administrativa sumamente prolija que debería venir acompañada de cambio de autoridades a todos los niveles mientras se realiza la investigación: mandos policiales y jueces que, como todos saben en Huaraz, están coludidos con la corrupción.

Pero, a todo esto, ¿qué podemos hacer contra los corruptos? Víctor Andrés García Belaunde ha sugerido una intervención militar en Áncash, como si cediendo el gobierno a la autoridad armada pudiera darse una solución a la debilidad institucional. ¿No fue Fernando Belaunde que, en 1983, desentendiéndose del problema increcendo del terrorismo senderista cede al poder militar el gobierno de esa zona de Ayacucho?, ¿y no fue acaso en 1984 que los índices de muertes subieron a su punto más alto? No, no es la solución. Aprendamos del pasado. Hoy es preciso plantear algunas medidas urgentes institucionales que le permitan a la población percibir que el Estado está velando por su integridad. En ese sentido, una interdicción a través de una Comisión Multisectorial debería de ser la prioridad primera.

A su vez hay otros países que han combatido la corrupción con más o menos éxito: por ejemplo, la Italia de las mafias permitidas por el Partido Comunista con Bettino Craxi a la cabeza (luego seguido del neoliberalismo corrupto de Berlusconi) pudo ser investigada por el fiscal Antonio di Prieto y el juez Gerardo D’Ambrossio que terminó en la campaña Mani Puliti (Manos Limpias). Sí, pues, necesitamos unos cuantos incorruptibles con un o una valiente que los lidere. Una especie de Elliot Ness que permita cierta confianza en las instituciones del Estado. Un Baltazar Garzón a la peruana que, verdaderamente, no tenga miedo de enfrentarse a las amenazas de muerte. Lo hubiera sido el ex fiscal Avelino Guillén, pero, lamentablemente como tantos otros, renunció ante el maltrato continuo de sus superiores. Pero no perdamos la esperanza: necesitamos un justo y un valiente para sacar adelante el proceso de limpieza de la mugre y la sangre y lo encontraremos.

Quizás un primer paso para hacer de esta indignación un sentimiento común sea participar en la Marcha por la Paz y la Seguridad que está convocando la CGTP y la CNDDHH este 3 de abril a las 2 pm al Campo de Marte y exigir un Pacto Nacional contra la Corrupción y la Delincuencia.