¿Qué significado tiene que, luego de dos años de inactividad total y olvido, el presidente Ollanta Humala haya aprobado este viernes pasado el Plan Nacional de Derechos Humanos, en Pisac, y sentado al costado del ministro del Interior, Daniel Urresti, procesado por delitos de lesa humanidad?

Es una actitud y un símbolo. Es una forma de mostrar que el poder y los intereses del poder pasan por el manejo de los marcos legales a través de los cuales nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a exigir nuestros derechos. “Aquí estoy yo y aquí está él. Y yo soy el que manda”, es una manera de enfocar esta demostración. Sobre todo, luego de que Ollanta Humala asegurara que él considera a Daniel Urresti inocente porque “no hay pruebas suficientes”. Como dice el comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas: “El procesado goza del amparo del gobierno”.

¿Por qué este gesto desafiante del Presidente del Perú ante una situación que, en verdad, debería esclarecerse para el bien de las víctimas y sus familiares? Este esclarecimiento, por supuesto, debería pasar por “bajar al llano” para que un ministro de Estado no pueda influir a su favor en un proceso en el que fiscales y vocales se van a ver muy presionados. Por menos, Gregorio Santos está preso. Y se supone que lo está para que no pueda interferir en el proceso presionando o manipulando a su favor.

¿El ministro del Interior del Perú, un ex oficial de inteligencia y contrainteligencia, con acceso a claves, informes encriptados y demás datos de los diversos servicios de inteligencia, no tiene acaso el suficiente poder como para influenciar en la decisión de un fiscal como Luis Landa? La respuesta es obvia.

Daniel Urresti está con orden de comparecencia, pero eso no implica que sea inocente. Por supuesto, tampoco podemos decir a ciencia cierta que sea culpable porque falta que se desarrolle el proceso y no hay una sentencia. Pero, a diferencia de lo que Urresti señala, los testimonios en su contra no son de uno o dos militares despechados por las acciones de este ex oficial de contrainteligencia: son varios testigos que lo implican como el jefe de la patrulla que disparó y le tiró una granada a Hugo Bustíos estando vivo aún.

¿De qué manera en nuestro país, hoy, no llevamos arrastrando como lastre el maltrato que implicó muertos y desaparecidos, mujeres violadas, hijos huérfanos, producto de la violencia de los años 80 y 90? Muchas personas interesadas en la impunidad quieren que olvidemos, que no tengamos en cuenta a los 69 mil muertos y que “perdonemos” a los asesinos que en ese entonces fungían como operadores del Estado peruano. No: ni a los asesinos de Sendero Luminoso, ni del MRTA, ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Policía, pueden ser olvidados y todos, absolutamente todos, deben ser sancionados. Pensar lo contrario es darle paso a la corrupción. Pensar que es mejor torturar a unos cuantos para “salvar” a todos es ser intrínsecamente perverso. Por eso somos un país lleno de corruptos, mientras sigamos exculpando a asesinos y poniéndolos en puestos de ministros, seguiremos teniendo como lógica el fin que justifica a los medios.

¿Qué hay detrás de esta demostración de autoridad en este gesto de aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos?, ¿miedo o prepotencia?

Esta kolumna fue publicada el martes 8 de julio en La República.