¿Cuáles son los límites de la democracia en el Perú?, ¿hasta dónde es democrático nuestro país?, ¿qué está afuera y qué está adentro de esta democracia?, ¿la tramitología es democrática?, ¿la flexibilización es democrática? , ¿y los derechos humanos qué rol cumplen en esta democracia inflamada, sensible, amnésica y anémica? 

Considero que la actual democracia peruana está estructurada sobre el eje Estado-Leyes-Capital-Empresas-Extractivismo y que fuera de este eje se encuentran los derechos humanos, a pesar de que obviamente, en tanto normas internacionales y convenciones aceptadas dentro de nuestro marco legal, deberían ser su columna vertebral (lo son nominalmente). Los derechos humanos ni siquiera estuvieron en la agenda de los candidatos durante las elecciones de primera vuelta el 2011 y si salieron en la segunda vuelta, fue de manera táctica, porque a Ollanta Humala le convino retrucar las propuestas de Keiko Fujimori levantando el tema de las esterilizaciones forzadas, y a El Comercio y Peru21 arrostrarle al Capitán Carlos su pasado de Madre Mía.

La democracia peruana es una sacha-democracia porque no responde a un sistema de representación: ni el Poder Ejecutivo con un presidente que traicionó sus propuestas prístinas de recambio social, ni el Poder Legislativo con congresistas que, en realidad, no tienen por qué discutir temas de fondo pues están casi todos de acuerdo con el modelo económico extractivista y social autoritario, y si se torpedean, es porque necesitan pelearse la misma franja política. Por eso Alan García y Keiko Fujimori se dan la mano con Pedro Cateriano, ¿o realmente alguien cree que lo hacen por el Perú?

Pero también es una sachademocracia porque responde a un mandato ideológico que es crecer y crecer por el mismo hecho de hacerlo y no para distribuir económicamente y ampliar el acceso a derechos. Felizmente la denigrante metáfora del “chorreo” no se usa más: hoy el propio Papa Francisco la ha criticado duramente porque no propone redistribución sino miserabilismo. Hoy que en otras partes del mundo (Europa) se cuestiona el crecimiento per se, aquí en el Perú ni siquiera podemos plantearlo porque los hijos del orden cuestionan siquiera la pregunta (como lo hizo Pasquel hace un tiempo con una columna que escribí). El estereotipo de “Perú País Minero” se instala cada vez con más fuerza en los discursos de los miembros del Estado, y el Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, a contracorriente, apenas puede sustentar en algunos ejemplos piloto su propuesta de diversificación productiva.

En una sachademocracia como la nuestra, en los márgenes del Estado, los derechos humanos sirven para frenar la flexibilización de normas que un Estado, enajenado de su función tuitiva, implementa para atraer inversiones como sea. Por eso los pueblos indígenas presentan demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 30230 recabando 10 mil firmas: algo que un lobista a veces consigue con una línea de un correo electrónico (“porfa”). A su vez, los derechos humanos como defensa ciudadana permiten frenar los abusos de un Estado que prefiere usar a la Policía Nacional como seguridad de las empresas mineras o de hidrocarburos que prevenir a la población. Según la Defensoría del Pueblo son 46 personas muertas en conflictos sociales, de las cuales, 40 han caído por el uso de la fuerza de los operadores del Estado (PNP o EP). El Embajador ante la OEA, Juan Jiménez, no creyó en nuestra cifra y la negó el 17 de marzo ante la CIDH. Pronto le haremos llegar un archivo con el nombre de cada uno de esos 46 peruanos y peruanas, 12% menores de edad.

Esta kolumna ha sido publicada en La República hoy mismo.