¿Por qué defiendo el derecho de Leopoldo López a no ser juzgado por una estrategia de criminalización de la protesta con una sentencia polémica en su Venezuela natal? Porque trato de ser, mínimamente, coherente. Si desde hace años, en distintos foros inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, he denunciado que el gobierno peruano de Humala con sus 47 muertos por uso excesivo de la fuerza en conflictos sociales está aplicando esa estrategia de criminalizar la protesta, es necesario ser transparente, y sostener a su vez que el gobierno venezolano –como el brasileño o colombiano– usa la misma estrategia que, solo en el año 2014, produjo 48 muertos y cientos de heridos en Venezuela.  

¿Es cierto que Leopoldo López fue bastante melifluo contra el golpe que la derecha venezolana propinó sin éxito a Hugo Chávez en abril del 2002? Por supuesto. Cuando era alcalde de Chacao, el joven López estuvo de acuerdo con la interrupción del gobierno de Chávez. Su firma no está impresa en el “Decreto Carmona” pero, según el periodista Ramiro Escobar testigo de los hechos, López estuvo de acuerdo con la asonada. ¿Eso significa que desde la izquierda peruana no estemos dispuestos a defender su derecho a no ser judicializado sin pruebas? Rotundo no. Porque en un Estado democrático los derechos humanos, incluyendo el derecho al acceso a la información y al debido proceso, son inalienables y deben defenderse aun cuando se trate de un golpista de derecha.

Por eso, para una radical renovación de la izquierda peruana, que se está dando con la presencia de jóvenes y no tan jóvenes activistas entre sus filas, esta debe ser intrínsecamente derechohumanista. Eso por supuesto requiere tener un alcance democrático y abrazar algunos derechos que vienen directamente de las canteras liberales: el derecho a no ser censurado, a la libertad de prensa absoluta, a las libertades civiles y políticas sin llegar a fetichizar la “libertad individual” y traslaparla en un “libertinaje empresarial” (lo que hoy sucede en el Perú).

Dentro del campo de la misma izquierda, hay ciertos derechos que no debemos de dejar a un lado y que no forman parte solo de ese descabellado concepto llamado “inclusión”, como el acceso a una educación democrática de calidad (no para ser un producto del mercado, sino para aprender a pensar) o a salud pública gratuita para todos los ciudadanos. Me refiero, en concreto, al derecho a que la riqueza de un país sea distribuida de forma equitativa y al derecho a tener voz y voto en las decisiones múltiples de agendas económicas, sociales, medioambientales y laborales, entre ellas, el derecho al territorio de parte de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, por ejemplo.

Junto con el acceso a estos derechos, es imperativo que las mujeres tengamos acceso pleno a la equidad. Eso no se dará en el Perú si no atravesamos un profundo proceso de despatriarcalización que implique un cuestionamiento serio a la ideología machista que asesina ocho mujeres por semana y que permite el acoso político y moral. Además tenemos una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado interno y con las mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad: todas ellas deben de ser reparadas con justicia.

Así podríamos re-construir una nación que se sienta orgullosa de su Poder Judicial casi tanto como de su comida.

Esta kolumna ha sido publicada hoy martes 15 de setiembre en La República.