Una trémula y nerviosa Isabel Rodríguez Chipana, entre sollozos, confiesa ante el tribunal del Colegiado B de la Sala Penal Nacional que está juzgando el caso Bustíos, que el Capitán Arturo la violó hace 27 años. El imputado, Daniel Urresti, ex general del Ejército Peruano y ex Ministro del Interior, aplaude y se burla de esta declaración. El tribunal lo manda a desalojar la sala mientras Isabel, en ese castellano quechuizado de los Andes sureños, continúa con su denuncia y recordando lo sucedido la fatídica mañana en que murió Hugo Bustíos. ¿Es verdad o no que Urresti, cuando era el Capitán Arturo, la violó? 

Eso lo debería de sentenciar una corte peruana, pero lamentablemente, dudamos que llegue a hacerlo. ¿Por qué? Porque en 35 años desde que se inició la violencia política en Ayacucho, no hay sentencia alguna sobre casos de violaciones sexuales durante el conflicto. Ni una sola.  

Todos los actores varones del conflicto, es decir, senderistas, emerretistas, militares, marinos, sinchis, policías, ronderos, ¡TODOS!, violaron mujeres. Sin embargo, 83,46% de las violaciones fueron cometidas por fuerzas del orden. Las violaciones sexuales, incluso también contra varones, se llevaron a cabo en todas las zonas calientes: sobre todo en Ayacucho, Huancavelica y el Huallaga (pero también hay información sobre Chumbivilcas, Apurímac y Lima). Hay denuncias sobre violaciones sexuales en 60 bases antisubversivas. Las mujeres, generalmente adolescentes, pero también mujeres casadas e incluso con sus hijos a cuestas, fueron violadas en masa, es decir, por varios hombres al mismo tiempo. Conozco el caso de una señora en Huamanga que fue violada por 25 militares. En la zona del Huallaga violar en masa se convirtió en un verbo: “pichanear”. Si se inventa una nueva palabra para un acto repulsivo se debe a su frecuencia.

Algunos mandos altos del Ejército han justificado las violaciones sexuales de sus tropas sosteniendo que eran “esporádicas” y que se debían a la imposibilidad de controlar la “sexualidad irrefrenable” de sus hombres porque se encontraban “aguantados” en un contexto tremendamente adverso y de altísima tensión. 

Aclaremos: es obsceno justificar la violación de una mujer. Ni ayer, ni mañana ni nunca, se puede violar impunemente. Es un delito sancionado violar sexualmente a alguien aunque sea una asesina, una parricida o la culpable de un genocidio. Todo Estado democrático debe respetar los derechos humanos de absolutamente todos, decir lo contrario para hacerle el juego a la impunidad de militares asesinos, policías corruptos y machos en celo es abjurar de la democracia.

El Registro Único de Víctimas - RUV que forma parte del Consejo de Reparaciones, ha consolidado entre mujeres víctimas de violación y violencia sexual (desnudamiento forzado, esclavitud sexual, etc) una cifra de 4,289 casos además de decenas de varones. Obviamente se trata de un subregistro. En Guatemala la cifra de mujeres violadas durante la época del conflicto asciende a 100,000. De todos los casos registrados, solo 19 han sido judicializados (denunciados ante el Poder Judicial) y 4 de ellos están a punto de pasar a juicio oral. No hay ninguna sentencia contra un violador en todos estos años. Exacto, lectora, ¡35 años de impunidad total! Esto debe de escarapelarnos el cuerpo porque ha sido el Estado, con su pasmosa indiferencia, que no ha actuado con diligencia para llevar un poco de justicia a todas aquellas mujeres. 

Es en la zona de Manta y Vilca donde se tiene un reporte mayor de estas violaciones tanto por senderistas como por soldados, con el consecuente efecto de muchos niños y niñas sin padre que llevan apellidos como "Moroco" (soldado) o nombres como Ila (Inicio de la Lucha Armada), abandonados con los abuelos por las madres que se casaron con otros hombres. En Manta la base militar permaneció hasta 1995 creando una situación de tensión permanente y la imposibilidad de denunciar los casos de violencia sexual. 

Como sostiene lúcidamente Narda Henríquez en uno de los pocos textos sobre el tema: "La violencia sexual, y en particular la violación sexual en el contexto del conflicto armado interno, no fue un acto aislado o casual sino que formó parte de una trama de relaciones que se han explicado y que repercuten en responsabilidades institucionales [...] En estas circunstancias la violación sexual no solo deja una marca sino que cambia la vida de las personas sin que el Estado ofrezca modos de resarcimiento ni de atención..." (p.91)*. 

El año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado peruano por el caso de violación sexual contra Gladys Carol Espinosa, sentenciada por terrorismo y militante del MRTA, hoy aún presa en la cárcel de Máxima Seguridad de Chorrillos. El Estado peruano nunca hizo nada por investigar este caso que, a diferencia de los miles registrados, tiene un certificado médico en el que consta la violación. ¿Por qué? Quizás porque simplemente era una terruca y, como terruca, ¡qué diablos importaba que la hayan violado! Esa manera de pensar me avergüenza como mujer y como peruana.

Al final de la extraordinaria película dirigida por Salvador del Solar, Magallanes, y luego del monólogo de la víctima, Celina, protagonizada por una excelente Magaly Solier, el policía que había capturado al protagonista por robar lo suelta y le espeta en la cara una sentencia que, debo confesarlo, me hizo llorar: "vete, Magallanes, aquí nadie te persigue por otro delito..." Ese fragmento de la película nos interpela directamente al corazón, a los huesos, a las tripas: ¿qué hemos hecho para evitar tremenda impunidad? 

Hoy tenemos a un ex militar candidato a la Presidencia de la República por el partido de gobierno que se burla, frente a las cámaras, de la historia de una mujer violada. Tiene todo el derecho de dudar, pero no de ironizar. Si esa es su manera de pensar, los que voten por él cuídense de sus propias conciencias.

* Henríquez, Narda. Cuestiones de género y poder en el conflicto armado interno. Lima, CONCYTEC, 2006. 

Una versión mucho más corta de esta kolumna ha sido publicada hoy día en el diario La República.