Mañana el pleno del Congreso debería elegir al nuevo Defensor del Pueblo. Pero es posible que, debido a los impasses de siempre, no se elija a nadie. Esto sería deplorable porque implicaría que el nuevo congreso, con mayoría fujimorista, podría ubicar a un defensor de acuerdo a sus necesidades y funcional a sus propósitos.  

La Defensoría del Pueblo, además de publicar diaria, semanal y mensualmente el famoso informe de conflictos sociales que le trae dolores de cabeza a la PCM, hace un seguimiento prolijo de situaciones diversas de vulneración de derechos. Adjuntos como Gisella Vignolo (DDHH), Rolando Luque (conflictos sociales), Alicia Abanto (Medio ambiente) o Daniel Sánchez (pueblos indígenas), que trabajan en Lima, son la cara joven y eficaz de la institución.

Por mi trabajo en la CNDDHH he conocido personalmente a Defensores de las zonas de Amazonas (Segundo Guevara), Chiclayo (Julio Hidalgo), Cusco, Ayacucho (Jorge Fernández), Cajamarca (Agustín Moreno) y al joven defensor de Huánuco (Pier Paolo Marzo) y puedo dar fe del entusiasmo, sacrificio, rectitud de todos estos profesionales del derecho, no solo por un trabajo duro y en condiciones económicas difíciles, sino muchas veces incomprendido por los líderes de los movimientos sociales pero, también, ¡por el propio Estado! No olvidemos que fue Beatriz Merino como Defensora del Pueblo quien, en el año 2009, fue la única funcionaria pública en viajar de inmediato a la Curva del Diablo.

Es urgente que la Defensoría, que ha estado representada estos cinco últimos años por Eduardo Vega como interino, tenga un representante pleno. Son dos los candidatos: el mismo Vega, abogado, especialista en DDHH, con un postgrado en Paz y Desarrollo (UNESCO) y una maestría en Derecho Penal (UNMSM), quien ha trabajado 17 años en la institución y fue durante los años de gestión de Beatriz Merino su mano derecha.

El otro candidato es el reconocido abogado especialista en Derecho Administrativo, Gastón Soto Vallenas, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. En su haber tiene la suspensión del ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, decisión dura pero justa; entre sus deudas incomprensibles está la ratificación del cuestionado fiscal de Áncash Dante Farro: Soto Vallenas con su voto dirimente le permitió seguir en carrera, hasta que saltó el crimen del dirigente Nolasco. Hoy Farro se encuentra en investigación penal. Por cierto, si hablamos de derechos humanos, Soto Vallenas votó a favor de cerrar la investigación contra el cuestionado magistrado Javier Villa Stein, cuando rebajó las penas de los miembros del Grupo Colina. También fue comprendido por la Comisión Áncash del Congreso, dirigida por el acciopopulista Mesías Guevara, que propuso se investigue a Soto Vallenas por infracción constitucional (de hecho, Soto también contrató a Lorena Bellina, una persona cercana a Rodolfo Orellana).

¿Tendremos un defensor pleno antes del 5 de junio? Permítanme dudarlo.

Esta kolumna ha sido publicada el día de hoy en La República.