Durante la primera sesión del juicio oral por las violaciones sexuales realizadas en las bases militares de Manta y Vilca, Huancavelica (1984 hasta 1994) llevado a cabo el 8 de julio a las 9 am en la Sala Penal Nacional, el presidente del tribunal, Dr. Cerza Bazán, consultó a los abogados de las víctimas y de los inculpados si consideraban que el proceso debiera ser público o privado. El Código de Procedimientos Penales sostiene que los juicios por violación sexual deben ser privados para evitar la re-victimización de la mujer violada. Sin embargo, como argumentaron el abogado Carlos Rivera y la abogada Rossie Salazar, para las mujeres de Manta y Vilca, que vienen reclamando por un juicio justo desde hace 16 años, que el juicio sea público es parte de su proceso de reparación. Ellas quieren que el Perú sepa por lo que pasaron y la fuerza que debieron sacar de su dolor para denunciar a los 11 militares involucrados. Sin embargo, los abogados de los inculpados, esto es, de los perpetradores, sostuvieron que el presidente del tribunal debía "pegarse a la ley" porque, argumentaron, los inculpados "tienen familia". Es decir, le dieron la vuelta a la norma y reclamaron privacidad por el "honor de los perpetradores". 

Precisamente esa lógica perversa, de achacarle a la víctima la responsabilidad de su propio crimen, responde a las maneras de pensar, al "sentido común", de una nación, la nuestra, que continúa siendo profundamente racista, clasista, colonialista y machista, sobre todo, con quienes más lo necesitan: con las mujeres adoloridas que recibieron en sus cuerpos esa descarga brutal del conflicto armado interno. 

Ñuqanchik saruska kachkanchik

“Todas hemos sido pasadas” o "todas hemos sido pisadas" es lo que significa en español el título consignado arriba. Eso lo dijo hace tiempo una madre de un desaparecido en una reunión de mujeres quechua hablantes en Huamanga, Ayacucho. “Pasadas” es un eufemismo para referirse a “violadas”. Esa mujer, anciana, se refería a que las mujeres que buscaban a sus desaparecidos, a sus hijos detenidos en Los Cabitos, a sus esposos, en esa búsqueda fueron sometidas a violaciones sexuales o a violencia sexual. “Acá todas hemos sido pasadas pero no reclamamos por eso: tenemos vergüenza de que nos llamen “las pasadas” y por eso nos callamos”. ¡Cómo no tener vergüenza si en una de las canciones del carnaval cantan: “Yo no quiero estar/ con esa mujer/ sobras de Cabitos...”!

La señora Blanca nos confesó: “yo no era gente al día siguiente (de la violación sexual). Ellos vinieron a mi casa y entraron de noche en San José, arriba de Huanta, yo no salí con los otros para dormir en las cuevas porque ya estábamos cansadas. Me violaron a mí y a mis hijas, delante de todos, la mayor de 11 años quedó embarazada pero lo perdió... La menor tenía 9 años y tuvimos que llevarla a Lima. Pero han quedado medio locas...”. ¡Cuántas mujeres no se atreven a decir en voz alta que fueron violadas como Blanca: junto con sus hijas! Lamentablemente no es un caso único. El caso más difundido de violación sexual durante el conflicto armado, el de Giorgina Gamboa, es similar: ella tenía 16 años y quedó embarazada. Su madre también.

Me comentan que solo una vez capturaron a comuneros de Putis, los detuvieron en Los Cabitos, y no desaparecieron. Eran tres que se salvaron “milagrosamente”. El milagro fue una niña, hermana menor de uno de ellos, que fue entregada al inspector militar a cambio de que los suelten. Es sabido, además, que en zonas como Ayahuanco, los comuneros les llevaban a sus hermanas menores o primas o enamoradas a los militares para ser violadas y así podrían dejarlos en paz o permitirles mantenerse vivos. Eso sucedió en 1985, cuando el Jefe del Comando Político Militar era el general Mori. Hay mucho que investigar al respecto. Este viernes 8 de julio comienza el juicio oral histórico por el caso Manta, en el que hay denunciados varios militares que violaron sistemáticamente a mujeres de esa zona de Huancavelica durante 10 años en el contexto del conflicto.

"Nuestro dolor nos va a dar fuerza para poder luchar". 

Con la historia de Ayahuanco se comprende que en muchos lugares sean los varones quienes les piden y exigen a las mujeres que no confiesen que fueron violadas por los militares o por los senderistas: antes se pensaba que era por la vergüenza de no haberlas defendido, ahora podríamos afirmar que también se debe a que ellos fueron cómplices de las violaciones sexuales de las mujeres de su entorno.

La gine-sacra

Francesca Denegri es una investigadora peruana con una sólida formación británica, con la suficiente paciencia y comedimiento para penetrar con sus análisis sobre una dimensión durísima de la realidad que nos agobia: las violaciones sexuales durante el conflicto armado interno, sobre todo, en la actuación de los perpetradores. Junto con otra scholar de ascendencia inglesa, Alexandra Hibbet, han editado hace poco el libro “Dando Cuenta”, conjunto de ensayos basados en análisis de los testimonios de la CVR, publicado por la PUCP. En ese libro el ensayo de Francesca Denegri se centra en una de las situaciones perversas de esos años: el uso de los términos cariñosos que usan los suboficiales y soldados para referirse a la violación o a las transacciones sexuales a cambio de sobrevivir.

“Cariño”, “cuidado” y “enamoramiento” son los eufemismos usados por los perpetradores para recordar sus crímenes. El testimonio 100168 de la CVR precisamente los usa para referirse a transacciones sexuales (“nos das cariño y te dejamos libre”), atención de un oficial para que sea solo “violada por él” (“toda la vida el capitán no te va a cuidar”) y esclavitud sexual (“el teniente se enamoró de la prisionera y la tenía encerrada”). Denegri recorre estos términos, no solo en este testimonio, sino en la novela de Alonso Cueto (La hora azul) y en la película de Salvador del Solar (Magallanes) para tratar de entender las lógicas de los perpetradores asentadas en un imaginario no solo sexista y machista, sino también, profundamente racista y estamental.

En esa búsqueda, Denegri acuña un término: gine-sacra. La gine-sacra sería el “otro lado de la moneda” del homo-sacer, término recogido por el filósofo italiano Giorgio Agamben, referido a una institución del derecho romano arcaico que permite a cualquiera “asesinar a un homo sacer” y seguir siendo inocente (impunidad total). La gine-sacra es un sujeto femenino excluido del marco legal moderno de la ciudadanía, deshumanizado en su condición de género subalterno. “El homo sacer —sostiene Denegri— comparte con la gine-sacra su condición de ser ambos asesinables, pero en el caso de la gine-sacra su condición de violable permanece vigente aún después de muerta” (p.82).

¿A qué se refiere la autora de este concepto? A una situación que se dio en concreto en Aucayacu, 1991, cuando un grupo de soldados violan el cadáver de una supuesta terrorista, apodada la Gringa, porque era “rubia, guapa”. Cuando el suboficial les llama la atención porque están realizando una profanación, uno de ellos le contesta: “Todavía está calientita, mi técnico”.

Los oficiales y suboficiales del Ejército Peruano toleraron estas y otras situaciones de la tropa pero también de sus mismos pares. Las violaciones sexuales siempre fueron masivas, casi nunca en solitario, pues la violación del mismo cuerpo de una mujer los envolvía en cierta fraternidad: “porque en su cuerpo violable no regulado por la ley se borran las diferencias de jerarquías militares” (p.82).

Una terrorista violada contra el Estado peruano 

El viernes 19 de diciembre del 2014 se publicó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trascendente para el caso de las mujeres violadas en cautiverio en América Latina: el caso de Gladys Carol Espinoza, violada sexualmente por la policía durante los interrogatorios después de su captura en 1993. Ella cumple actualmente una sentencia por terrorismo en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad (Chorrillos II) hasta el 2017. Por lo tanto, la Corte, una vez más debido a prácticas sistemáticas y generalizadas, en este caso de los policías al violar a sus detenidas, ha impuesto una sentencia al Estado peruano por no permitir el acceso a la justicia de una mujer ultrajada.  

Este caso no forma parte de los casi 5 mil casos de violaciones sexuales y violencia sexual que se encuentran registrados en el Registro Único de Víctimas - RUV porque la Ley PIR es clara en su tenor: “no son víctimas para efectos de esta ley los sentenciados por terrorismo”, pero eso no implica que se puedan tomar las acciones legales, como lo sostiene el art. 4. Esos 2.383 casos, entonces, un subregistro sin duda alguna, son mujeres (y varones) totalmente inocentes que fueron sometidas a esa crueldad por el solo hecho de serlo. ¿Cuántos violadores han ido a la cárcel? Ninguno. 

Es obsceno justificar la violación de una mujer pero hay gente en nuestro país, sobre todo, varones y ex militares —muchos de los trolles que siguen mi cuenta de Twitter, por ejemplo— que defiende el hecho de haber violado a una mujer “porque era una terruca”. Ningún militar digno, ningún policía que se respete a sí mismo, puede justificar la violación sexual de una detenida. Lo contrario es justificar el crimen y la barbarie.  

Este ha sido el modus operandi de la impunidad para transferir la culpa a la propia víctima: el cuerpo femenino es basurizado dentro de este contexto de perversión moral porque se le concibe como espacio donde se puede ejercer la degradación y el sometimiento. Este proceso de “basurización” permite ejercer el poder de convencer a la propia víctima de una cierta culpabilidad ante su propia situación. En otras palabras, a través de la basurización el discurso del violador y del torturador logra, en una trampa perversa, cobrar un efecto de verdad en la conciencia de la víctima. Eso ha pasado en nuestro país con muchas mujeres, sobre todo campesinas quechuahablantes.

La sentencia de la Corte Interamericana rompe este círculo perverso: “en ningún caso el uso de violencia sexual es una medida permisible en el uso de la fuerza […] La CIDH concluyó que en el Perú se tornó invisible el patrón grave de violencia sexual del que fueron víctimas las mujeres detenidas en razón de su participación en delitos de terrorismo o traición a la patria, lo cual constituye un obstáculo a la judicialización de dichos hechos hasta la fecha”. ¡Qué lamentablemente cierto!

Los procuradores del Estado en lugar de asumir la responsabilidad del mismo en estos actos perversos presentaron dos recursos ante la Corte para que se inhiba de su deber. ¿Es ético que un abogado del Estado peruano busque procesalmente salir de este caso ya que, de fondo, era imposible? Es vergonzoso que el Estado use estos recursos para eludir su responsabilidad de no haber investigado una violación sexual.

La deuda con las mujeres violadas 

Isabel Rodríguez Chipana, entre sollozos, confiesa ante el tribunal que está juzgando el caso Bustíos que el teniente Arturo la violó hace 27 años. El imputado, Daniel Urresti, ex general del Ejército Peruano, aplaude y se burla de esta declaración. El tribunal lo manda a desalojar la sala mientras Isabel, en ese castellano quechuizado de los Andes sureños, continúa con su denuncia y recordando lo sucedido la fatídica mañana en que murió Hugo Bustíos. ¿Es verdad o no? Eso lo debería de sentenciar un tribunal, pero lamentablemente, dudamos que llegue a hacerlo. ¿Por qué? Porque en 35 años desde que se inició la violencia política en Ayacucho y en todo el Perú no hay sentencia alguna sobre casos de violaciones sexuales durante el conflicto. Ni una sola. 

Todos los actores varones del conflicto, es decir, senderistas, emerretistas, militares, marinos, sinchis, policías, ronderos, ¡TODOS!, violaron mujeres; sin embargo, 83,46% fueron cometidas por fuerzas del orden. Las violaciones sexuales, incluso también contra varones, se llevaron a cabo en todas las zonas calientes: sobre todo en Ayacucho, Huancavelica y el Huallaga (pero también hay información sobre Chumbivilcas, Apurímac y Lima). Hay denuncias sobre violaciones sexuales en 60 bases antisubversivas. Las mujeres, generalmente adolescentes, pero también mujeres casadas e incluso con sus hijos a cuestas, fueron violadas en masa, es decir, por varios hombres al mismo tiempo. Conozco el caso de una señora en Huamanga que fue violada por 25 militares. En la zona del Huallaga violar en masa se convirtió en un verbo: “pichanear”. Si se inventa una nueva palabra para un acto repulsivo se debe a su frecuencia.

Algunos mandos altos del Ejército han justificado las violaciones sexuales de sus tropas sosteniendo que eran “esporádicas” y que se debían a la imposibilidad de controlar la “sexualidad irrefrenable” de sus hombres porque se encontraban “aguantados” en un contexto tremendamente adverso y de tensión. Aclaremos: es obsceno justificar la violación de una mujer. Ni ayer, ni mañana ni nunca, se puede violar impunemente. Es un delito sancionado violar sexualmente a alguien aunque sea una asesina, una parricida o la culpable de un genocidio. Todo Estado democrático debe respetar los derechos humanos de absolutamente todos, decir lo contrario para hacerle el juego a la impunidad de militares asesinos, policías corruptos y machos en celo es abjurar de la democracia.

El Registro Único de Víctimas ha consolidado que, entre mujeres víctimas de violación y violencia sexual, la cifra llega a 4,289 además de decenas de varones. De todos estos casos, solo 19 han sido judicializados y 4 de ellos están a punto de pasar a juicio oral. No hay ninguna sentencia contra un violador en todos estos años. El año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado peruano por el caso de violación sexual contra Gladys Carol Espinosa, sentenciada por terrorismo y militante del MRTA, hoy aún presa en la cárcel de Máxima Seguridad de Chorrillos. El Estado peruano nunca hizo nada por investigar este caso que, a diferencia de los miles registrados, tiene un certificado médico en el que consta la violación. ¿Por qué? Quizás porque simplemente era una terruca y, como terruca, ¡qué diablos importaba que la hayan violado! Esa manera de pensar me avergüenza como mujer y como peruana.

Las Fuerzas Armadas deben de pedir perdón 

Considero que de las recomendaciones del Informe Final de la CVR hemos avanzado poco en las que se refieren a la reconciliación porque, para que se dé una auténtica reconciliación, es preciso que los agredidos reciban justicia. Como sostiene el sociólogo y filósofo Alberto Simons S.J. “un sistema en el que ya no hay culpables ni responsables claramente identificables […] es un sistema que se revela como maléfico. El mal a este nivel escapa tanto a la justicia como al perdón”. Por eso, para que se dé una reconciliación cuya puerta sea el perdón es preciso que se sancione a los culpables y, asimismo, es necesario que los responsables institucionales soliciten ese perdón a las víctimas. 

¿Qué es el perdón? Es un acto gratuito que se instituye en la confianza en el ser humano, en que el mal cometido no abarca todo el ser del otro, y que, como dice Alberto Simons en su “Antropología del perdón”, hay que diferenciar claramente entre mal y malhechor. Dice: “El perdón, tanto en lo personal como en lo social, conserva la memoria de la falta, pero no vincula todo el destino de un hombre o de una comunidad a los daños causados […] aunque la falta sea imperdonable, el culpable es perdonable puesto que no se reduce a la falta cometida”. Para que se dé la reconciliación es, pues, preciso pedir perdón porque no se puede perdonar a otra persona si ella no nos solicita y requiere ese perdón. 

En agosto de 2013 en Abancay fui testigo de un hecho sumamente importante para la búsqueda de una cultura de paz: el viceministro de Derechos Humanos de ese entonces, José Avila, en medio de una asamblea de consulta a familiares y afectados de la violencia política, se acercó donde una mamacha, sencilla, humilde, quechuahablante, y se agachó y le pidió perdón en nombre del Estado. Para algunos habrá sido un acto banal o políticamente calculado. Para mí no: yo creo que fue un acto que dignificó a esa mujer que había perdido a su hijo y que a pesar de las decenas de fosas comunes exhumadas, aún no lo ha encontrado. El viceministro le pidió perdón a una mujer cuyo hijo ha desaparecido y en ese acto el Estado mismo se inclinó ante ella. Esa acción, en una sala pequeña de Abancay, delante de unas cuantas personas, pudo hacer un nexo entre esa ciudadana peruana, su dolor y su ansiedad de justicia, y un miembro del Estado que reconoce la necesidad del perdón para restituir el lazo social.

Por eso, insisto y persisto en que las FFAA y las FFPP deben de pedir perdón a las víctimas, como instituciones del Estado que debieron proteger y no dañar. Sólo a partir de ese gesto puede restituirse la integridad de los ninguneados de una nación que, a pesar de lo que digan muchos, no solo luchó contra los terroristas de SL y el MRTA sino contra sus propios soldados y policías.

El perdón como política pública 

“¿Cómo será eso de la reconciliación, pues, doctora?” me comentó mamá Adelina García en marzo de este año (2016) luego de que el Embajador de Estados Unidos, Bryan Nichols, les hiciera una visita corta pero significativa al Museo de la Memoria de ANFASEP en Ayacucho. Los temas que las valientes y dignas madres de la asociación más antigua de víctimas y afectados han puesto sobre la mesa de las políticas públicas han sido, sin duda, fundamentales para avanzar y evitar la impunidad en nuestro país que, aún hoy, tiene una enorme deuda con esos 15 mil desaparecidos. Pero todavía hay un tema que es incómodo, tanto en los fueros del movimiento de derechos humanos, entre las víctimas y sobre todo entre los perpetradores: me refiero a la reconciliación. 

La reconciliación al estilo “fujimorista” o MOVADEF, con amnistía y condescendencia para todos los culpables, además de ser inmoral es totalmente contraproducente para una real y auténtica reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación no se puede dar sobre la impunidad, sobre el olvido, sobre el “borrón y cuenta nueva”. La única manera en que esas comunidades en las cuales, tirios y troyanos embistiéndose mutuamente aún hoy, puedan llegar a un punto de paz interna en sus corazones es pidiendo perdón a quienes sufrieron los más atroces vejámenes de esos años.

Cuando hoy en día hablamos de reconciliación nos referimos, como lo ha señalado la CVR, a un nuevo pacto fundacional entre el Estado y los peruanos, entre la sociedad y todos y cada uno de sus miembros. Este nuevo pacto debe estar encaminado a fortalecer una sociedad sin discriminación de ningún tipo, mucho menos racial o clasista; una sociedad en la que el apellido no signifique nada más que la identidad de la persona; una sociedad en la que el color de la piel no implica una restricción de su acceso a la educación; en la que cualquier peruano, hablando el idioma que hable, pueda hacer un trámite sin necesidad de traductor; en la que campesinos, trabajadores, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a una vida digna y justa desarrollando todas sus potencialidades; una sociedad en la que los recursos naturales sean respetados; una sociedad donde las diferencias no sean violencias estructurales que nos oprimen.

Este pacto de reconciliación nacional que aún no se ha hecho, ni siquiera se ha planteado, debe de organizarse sobre el perdón como política pública. Es decir, el perdón no puede ni debe entenderse como un elemento religioso en un país que ha atravesado crueldad e infamias entre prójimos y que hoy más que nunca está marcado por la violencia de esos años. El perdón debe de entenderse como una necesidad para poder llegar a una sociedad reconciliada y eso implica, por supuesto, atravesar los propios demonios internos y asumir que incluso el propio Estado los utilizó, en su desesperación, contra peruanos. Como sostiene José Carlos Agüero en su magnífico libro autobiográfico, Rendidos, sobre el don de perdonar: el perdón no es humillación es un derecho: del que lo solicita, del que lo otorga.

No se puede exigir a una víctima que otorgue perdón al victimario; tampoco se le puede exigir a un perpetrador que lo solicite: el perdón es un acto único e íntimamente personal que debe ser el producto de un proceso. No el perdón, sino el proceso hacia el perdón es lo que debería, en nuestro país, convertirse en una política pública. Deberíamos de aprender de países como Camboya o Ruanda que, luego de situaciones de genocidios crueles, han optado por políticas de reconocimiento del otro así como de espacios de diálogo. Colombia, tan cerca y tan lejos, ha emprendido una apuesta por el reconocimiento de políticas públicas de perdón.

Creo que en el Perú llegó el momento de ser valientes y hablar del perdón como una necesidad pública que, debería, asumirse como una política desde el MINJUS a través de investigaciones, análisis y espacios de encuentro entre víctimas y victimarios.