En 1981 en Parcco, Ayacucho, siete soldados violaron a una joven de 16 años. Sangró profusamente, ensució de sangre su ropa, su piel, su cuerpo, su alma. Tuvo una infección vaginal muy fuerte, pero como la encerraron por sospechosa de terrorismo y fue revisada por un médico legista, se salvó de morir. Ella quedó embarazada de esa violación en masa, su hija ahora es una joven madre de familia y Georgina Gamboa es una de las valientes mujeres que luchan para que otras mujeres no corran su suerte. 

Pero 35 años más tarde, en la azotea de una casa en construcción en Huamanga, capital de Ayacucho, una jovencita de 15 años es violada también en masa por seis individuos, entre ellos, varios menores de edad. Como es sabido, la joven muere por una septicemia generalizada; el parte de autopsia señala “falla multiorgánica”. Se hubiera podido salvar si alguno de los hombres que la violaron la hubiese llevado a una posta médica, algo imposible, porque hubiera implicado tener que entregarse. Se hubiera podido salvar si la amiga que estuvo con ella grabándolo todo en video en lugar de llevarla a su casa la hubiera llevado al hospital. Pero no, la escondió hasta que un hermano de la víctima la recogió y la llevo al hospital. Demasiado tarde.

Ayacucho: dos violaciones en masa, dos épocas completamente distintas; dos grupos de varones que entienden su sexualidad como “irrefrenable” y al cuerpo de las mujeres como depósito de su goce. Sí, pero el goce entendido como el imperativo de realizar sus impulsos a como dé lugar, de una manera estructurada, pensada, planeada y gestionada. No se trata solo de dejar “correr el instinto” sino de concebir lo que es más benigno para ellos y lo que puede permitirles la impunidad.

Han pasado 35 años y el caso de Georgina Gamboa anduvo, como tantos otros, de un proceso a otro proceso, primero por abuso de autoridad dentro del fuero militar para ser benignos con los perpetradores; luego en el foro civil en procesos que se quebraron porque ni jueces, ni fiscales ni abogados, le dieron importancia. Ahora en la CIDH esperando que el caso sea promovido a la Corte Interamericana. Hasta ahora impunidad total.

¿Es posible que el caso de Lucy, la adolescente huamanguina violada vaginalmente y contranatura hasta morir, pueda realmente llegar a ser un paradigma de juicio justo en nuestro país? Todos los antecedentes apuntan a un NO rotundo como una patada en la cara.

La violencia cuando no se sanciona continúa en espiral cada vez más profunda, sádica, y las víctimas son cada vez más inocentes. Como señala la antropóloga Rita Laura Segato nos encontramos ante una “violencia expresiva”, es decir, “una violencia que habla, que transmite un mensaje de impunidad y que en su modo truculento expresa ese poder de dominio y captura sobre cuerpos y territorios”. En el caso de Lucy, la violencia se inscribe y se escribe sobre su cuerpo: “el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en el que se escribe la derrota moral del enemigo”. El territorio es Ayacucho, nuevamente.

Pero hoy, a diferencia de los años del conflicto, ¿quién es el enemigo?, ¿acaso nosotras las mujeres?

Publicado el martes 6 de setiembre de 2016 en La República.