no pasó nada!

Las niñas awajún violadas

Denuncia de la Defensoría del Pueblo de Bagua contra las UGEL de la zona debe de tomarse con la debida seriedad

Publicado: 2018-02-16


Huampami es la capital del distrito de El Cenepa, ahí donde solo se llega cuando hay enfrentamientos armados con el Ecuador. En esa zona donde se encuentran los awajún, un docente de la escuela primaria violó y embarazó a una alumna. Los padres denunciaron ante los directivos del colegio, pero ni la escuela ni la UGEL de Condorcanqui, según narra una fuente directa, realizaron acción alguna: ni denunciaron al docente, menos acogieron a la niña violada. Es más, hoy los padres se quejan de que el docente los ha amenazado tantas veces, y por temor a las represalias han retirado a su otra hija del colegio. Dos niñas perjudicadas en sus estudios por la lubricidad de un profesor y la indiferencia de un sistema administrativo del Ministerio de Educación especialmente tolerante ante situaciones de violencia sexual contra niñas indígenas. Esta situación no es única o un caso aislado: en Boca Cachiaco, en Waisim, en Shaim, y otros centros poblados, se repite la constante violencia sexual de maestros ejercida contra sus alumnas. ¡No lo podemos permitir!

El caso de la violación y muerte de Jimena nos ha alertado sobre situaciones similares en todo el Perú. Los padres, alarmados e indignados, gritan “pena de muerte para el violador” pero en realidad, lo que debemos de hacer, es gritar indignados contra los factores que consienten la impunidad. Porque, señores y señoras, es la impunidad lo que permite este alto índice de violadores que se multiplican año a año. Nos encontramos ante una verdadera pandemia de violaciones sexuales, especialmente a menores, que debe ser controlada desde una prevención firme y decidida de las autoridades, padres de familia y ciudadanía en general.

¿Qué está haciendo mal la sociedad peruana?

Nuestro país está cometiendo errores graves desde el Estado, pero también desde la misma sociedad. Uno de ellos es pensar que quienes violan de esa manera son monstruos: no lo son. Debemos de entender por todos los medios que quienes violan a niñas y niños son personas cercanas a ellos: los mismos padres, los primos, los tíos, los padrastros, los cuidadores y muchas veces los maestros, los profesores, los auxiliares del colegio, aquellos en quienes nuestros niños y niñas confían.

Por otro lado, algo que ha quedado bastante claro es que el encubrimiento de violadores, un crimen en sí mismo, permite que los perpetradores sigan violando. El caso de los curas pederastas, no solo los del Sodalicio sino también de varios sacerdotes diocesanos o de otras órdenes religiosas, nos ha abierto los ojos sobre la forma cómo se multiplican. La Iglesia Católica se ha hecho de la vista angosta durante años, debido a estándares internos inexplicables, permitiendo que los curas pederastas se muevan de un lugar a otro depredando menores de edad en cada tránsito.

Una situación similar la está autorizando, con su desidia y tácita complicidad, ciertos representantes del Ministerio de Educación en zonas como Condorcanqui o Bagua donde profesores han violado sistemáticamente a sus alumnas de educación básica regular, generalmente niñas pertenecientes al pueblo awajún o a la nación wampis, como aquella que contó la historia que encabeza este artículo. Cientos de niñas han sido violadas y no nos enteramos de nada. ¿Quiénes son los perpetradores? No son los propios niños o adolescentes de la comunidad, como podría pensarse en situaciones similares, cuando se plantea una mirada antropológica que tenga en cuenta los patrones culturales de iniciación sexual. No se trata de eso: son profesores mestizos o indígenas quienes, abusando de su posición de dominio frente a sus pequeñas alumnas, las violan o las seducen siendo menores de edad. Las autoridades no han denunciado a los profesores violadores.

Impunidad [casi] total

La Defensoría del Pueblo de Bagua ha hecho un análisis de casos desde 2012-2017. Entre esas fechas los padres de familia han presentado 216 denuncias ante las UGEL de Condorcanqui, de las cuales 157 han prescrito (67%). En el caso de Imaza se han denunciado 26 casos y han prescrito 11 (48%). Ambas cifras, tan altas, solo puede ser interpretadas como impunidad total con complicidad de los mismos miembros de las Unidades de Gestión Educativas Locales. ¿Por qué? Porque los profesores violadores solo han sido cambiados de un pueblo a otro, de la misma manera como la iglesia católica, en Boston, Chile o el Perú, fue cambiando de puesto a los curas pederastas. El mismo modus operandi.

¿Cómo es posible que esta situación se dé en nuestro país? Quizás los directores o funcionarios no tienen un procedimiento específico para trasladar una denuncia de tal nivel a la fiscalía o a la Defensoría del Pueblo para que la formalice, ¿pero está o no obligado el director de UGEL a trasladar la denuncia a la fiscalía o al juez? Más allá de que no haya un protocolo específico, cualquier funcionario público debe saber que cuando no se denuncia un delito… se convierte en cómplice.

Pero eso no es lo peor de todo: la indolencia de las autoridades ante esta situación clamorosa de niñas que han sido violentadas sexualmente por estos profesores delincuentes no puede permanecer así. ¿Qué está haciendo el Gobierno Regional de Amazonas al respecto? Estas cifras son una vergüenza, ¿no se han vuelto noticia porque son niñas awajún y wampis?


Una versión con menos información fue publicada en La República el martes 13 de febrero de 2018.


Escrito por

Rocío Silva Santisteban

Rocío Silva-Santisteban Manrique (Lima, 1963) Escritora, profesora, activista en derechos humanos y políticamente zurda.


Publicado en

Kolumna Okupa

Artículos, kolumnas, reseñas de libros, poesía y reflexiones varias de Rocío Silva Santisteban.