En los años ochenta una de mis compañeras de la Universidad de Lima era acosada de manera vil por un profesor que, veinte años más tarde, fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo*. Con la excusa del examen rezagado la citó en su estudio de abogado a ella sola fuera de horario de oficina. Mi compañera, a quien llamaremos Alba, era huérfana de madre y su padre viajaba con mucha frecuencia, ella vivía con sus hermanos y no se atrevió a decirle a ese profesor que no iba a ir a dar un examen fuera de horas de clase. Alba fue violentada sexualmente en el estudio de ese gran abogado. No regresó durante ese semestre a la universidad porque se sintió sucia y no podía enfrentar a ese abusador que, un día después, caminaba orondo por los pasillos del Pabellón A.

Mis amigas y yo le dijimos “denúncialo” pero tampoco sabíamos cuál era el procedimiento. Todas nos sentíamos asqueadas pero éramos torpes ante la situación: literalmente no sabíamos qué hacer. Alba tenía miedo y no quería denunciar. Finalmente, se fue de la universidad y unos meses después se fue del Perú. Entre las chicas de Derecho se corría la voz para evitar matricularnos en el curso de ese desgraciado: era la manera que teníamos de cuidarnos, pero el individuo ¡seguía dictando clases! Es más: después se convirtió en un paladín de la lucha contra el fujimontesinismo. ¿Cómo denunciar a un depredador sexual que fungía de correcto constitucionalista?

Felizmente y gracias al avance de los derechos de las mujeres promovidos por jóvenes feministas, estudiantes y profesoras, este tipo de situación no debe volver a repetirse ni en universidades privadas ni públicas de todo el Perú. Es un camino largo pero hay alumnas que han podido, incluso, apoyar a la policía en operativos. A fines de junio de este año el periodista y profesor de la Universidad San Martín de Porras, Julio Alegría Cueto, fue detenido acusado de intentar violar en un hotel a una alumna a quien enseñaba Periodismo Deportivo.

La semana pasada se realizó en la PUCP una asamblea en Ciencias Sociales para atender, en un diálogo abierto, público y horizontal, este tipo de situaciones y poder recoger las preguntas, sugerencias y derivar las denuncias que se presenten a la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual compuesta por dos (valientes) profesores, Marisol Fernández y Juan Carlos Callirgos, y una alumna. Ese es uno de los caminos para recoger las denuncias y proteger a las denunciantes: escuchar y atender. Por eso es importante que otras universidades pueden seguir este método u otro método, creando comisiones o incluso observatorios de acoso sexual. En esa asamblea hubo alumnas que se pararon para exigir justicia: no es nada fácil hacerlo, menos frente a tus profesores.

A veces las autoridades apelan a las normas y a los reglamentos para soslayar la responsabilidad institucional de la misma universidad frente a estos casos. Por eso lo que se requieren son instituciones que permitan una mayor transparencia: eso es fundamental. Así como apoyo concreto de las autoridades a las personas más débiles en estas situaciones que son, obvio, quienes denuncian. Como me comentaba una colega, se está abriendo una Caja de Pandora y no es posible abrirla y luego querer empaquetar las diversas situaciones con papel celofán reglamentario. De esa caja saldrán miasmas: no podemos fingir que no las olemos.

* El periodista Pedro Ortiz me pide que diga el nombre del profesor. No me compete a mí decirlo sino a la víctima. Una compañera de esos años me ha hecho acordar que el individuo siguió con esa actitud depredadora y que algunos semestres después lo denunció el padre de otra alumna y lo retiraron de la universidad. En estos momentos no es profesor ni de la Universidad de Lima, ni de alguna otra universidad en nuestro país.

Esta columna fue publicada en La República.