Más que un referéndum, la votación del domingo casi se convirtió en un plebiscito del presidente Martín Vizcarra ante un supuesto pueblo que no lo eligió pero que lo respalda con el 85% de promedio. Ese respaldo debe ser honrado por el presidente proponiendo los cambios constitucionales requeridos para fortalecer un Poder Judicial que depende de jueces que sean honestos o no y los otros cambios votados al 85%, exceptuando la bicameralidad que recibió un rotundo 90% en contra. Obviamente esa cifra no está centrada en que los peruanos preferimos una sola cámara, sino en la respuesta a la jugarreta fujimorista de darle la vuelta a la reforma, insistiendo en la posibilidad de re-elegirse como senadores. El Perú ha votado abrumadoramente en contra del fujimorismo y de sus aliados.

Pero la situación política que ha estado en stand by debido a la crisis judicial hoy continúa su marcha y lo que se vienen son conflictos. La semana pasada en una reunión entre el Premier Villanueva y los afectados por intoxicación de metales pesados de Cerro de Pasco, una madre desesperada delante de las cámaras, le retiró un ojo artificial a su niño de unos ocho años, enseñándoselo al premier, mientras decía llorando: “nuestros hijos no pueden esperar más”. ¡Esa es la población “sacrificada” por el modelo económico extractivista!

En el centro poblado de Huaccho en el distrito de Quillo, Ancash, las autoridades de la comunidad campesina han denunciado la intoxicación de 46 personas por plomo en la sangre, de las cuales 27 son niños, tres de ellos se encuentran sumamente graves, debido a la ingesta de agua contaminada por la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Sobre afectaciones a la salud, los pueblos kichwa, quechua, achuar y kukama de Loreto, llevan casi 50 años afectados por la actividad de los lotes petroleros. En 2014 se declaró en emergencia las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y este 2018 los resultados de un Estudio Toxicológico (MINSA) arrojaron que la población tiene niveles de metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y otros, por encima de los valores recomendados.

¿A quién le importan los cuerpos sacrificados por este modelo?, ¿a nosotros?, ¿al presidente del Perú?

Por otro lado, en el corredor minero de Chumbivilcas se ha extendido una vez más el Estado de Emergencia que viene prolongándose desde hace un año de forma anti-constitucional y que nos hace recordar a los estados de emergencia de los años 80 (y sus lamentables secuelas). La población de la zona se queja de los 500 camiones que pasan diariamente sacando el mineral hacia la costa y dejando en el aire una polvareda llena de toxinas.

En la zona de Chiriaco, Amazonas, una resolución del Poder Judicial ha ordenado que el MINSA y el GoRe Amazonas implementen y ejecuten una estrategia de salud de emergencia que permita atender de manera integral la salud de las comunidades indígenas awajún del distrito de Imaza (Bagua), afectadas por el derrame de petróleo del 2014. En la cuenca del Morona un grupo de indígenas han tomado medidas en contra de oleoducto y se requiere ahí presencia del Estado con urgencia para evitar enfrentamientos.

Es de esperar que esta aprobación al presidente Vizcarra sea aprovechada para los cambios que un gran sector del empresariado grita desde El Comercio y otros diarios —no en vano ha renunciado el ex ministro de trabajo Christian Mantilla— en su búsqueda de la “flexibilidad” laboral ansiada. Javier Neves, abogado laboralista, ha advertido que más cambios en una normativa laboral llena de excepciones que funcionan hace treinta años y que recortan derechos, como en la agroindustria, será un hervidero que puede producir más conflictos sociales. No se olviden que la famosa ley de promoción del empleo juvenil llamada Ley Pulpín fue derogada luego de un mes de movilizaciones persistentes en 2015. Además de que el Estado exonera a los casinos y juegos de azar de impuesto selectivo al consumo y a las grandes empresas mineras de sanciones pecuniarias debilitando la labor de la OEFA.

Por eso me pregunto, ¿para quién gobernará el presidente del Perú?, ¿para las grandes empresas que se benefician de exoneraciones y no cumplen con estándares mínimos?, ¿o para los indígenas cuyos cuerpos intoxicados por petróleo, plomo, arsénico y otros metales pesados son el producto negativo de este modelo de desarrollo?, ¿es posible gobernar para ambos?

Una versión más corta de esta columna fue publicada el día de hoy en La República.